La detención de Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, ha reactivado una investigación por presunto desvío de 287 millones de pesos a través de un esquema corporativo familiar.
La orden de aprehensión revela una investigación de 2015 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que señala la posible dispersión de recursos públicos a empresas vinculadas a la familia Aguirre.
El juez Mario Elizondo Martínez consideró esta información para ordenar la detención del exgobernador, argumentando que su libertad podría implicar un riesgo de evasión de la justicia.
A pesar de que las operaciones financieras bajo investigación cesaron en 2014, la Fiscalía General de la República (FGR) aún puede actuar penalmente antes de que prescriban los delitos de corrupción.
La UIF presentó una querella penal en 2015, en la que se detalla que Ángel Aguirre presuntamente encabezó una red que desvió recursos públicos federales y estatales por un total de 287 millones 12 mil 594 pesos entre 2012 y 2014. Se documenta que durante su gestión, empresas como Comercializadora 2003 S. A. de C. V. y Constructora Trabesa S. A. de C. V.
recibieron contratos y asignaciones de obra pública por un monto de mil 99 millones 310 mil 916 pesos. La investigación acreditó que Comercializadora 2003, supuestamente sin empleados, fungía como una empresa fachada, retirando efectivo de los fondos públicos y distribuyéndolos a cuentas personales de familiares y colaboradores de Aguirre.
La detención de Ángel Aguirre se suma a la triangulación de 287 millones de pesos y a la compleja red de empresas y familiares involucrados en el presunto desvío de recursos. La captura del exmandatario podría ser clave para desentrañar la red de corrupción que se le imputa y para determinar su responsabilidad en el presunto delito.
Etiquetas: Corrupción, Ángel Aguirre, Desvío de recursos, Investigación, Guerrero
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