Valeria España, directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de Uruguay, se pronunció en contra de la política de tercerización de deportaciones que Estados Unidos busca imponer. España consideró que Uruguay no debe seguir el camino de la violencia institucional de Estados Unidos y resaltó que el país ya enfrenta desafíos con la población migrante actual.
Durante una entrevista, España afirmó que Estados Unidos 'compromete el diálogo multilateral' y 'persigue a personas como una práctica sistemática, desconociendo derechos civiles y políticos'. En este , Uruguay debe mantener conversaciones diplomáticas, pero no en los términos que Estados Unidos propone.

La directora también señaló que Uruguay ya atiende a una gran cantidad de migrantes y solicitantes de refugio, con 25.000 personas atendidas en 2025 por Mides. Sin embargo, no existe una estructura presupuestaria que permita una respuesta mayor a esta situación.
España alertó sobre los riesgos de incentivar discursos xenófobos y respuestas que no se alineen con los estándares internacionales. Además, criticó el concepto de 'reunificación familiar' mencionado en el documento recibido por la cancillería, calificándolo de 'falso dilema' y señalando que no puede ser una justificación para aceptar la política de tercerización de deportaciones.

La abogada destacó las condiciones de extrema crueldad y vulnerabilidad de derechos que se establecen en tratados de deportación. Argumentó que una persona deportada atraviesa un proceso de estrés traumático enorme, lo que implica desafíos adicionales para Uruguay al recibir a estas personas.
España concluyó que Uruguay debe apostar a otros mecanismos y analizar la situación en clave geopolítica, ya que las decisiones en materia migratoria tienen implicaciones más allá de la respuesta inmediata a la presión de Estados Unidos.
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