El diputado federal del PRI, Emilio Suárez Licona, ha presentado una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el objetivo de aumentar las penas por fraude digital contra adultos mayores. Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el 32.2% de las quejas por posible fraude bancario correspondió a personas de 60 años y más. Esta propuesta busca establecer un agravante específico en casos de fraude cometido por medios electrónicos, informáticos o digitales contra personas de 60 años o más.
El fraude se ha convertido en el delito de mayor prevalencia en México, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
El diputado Suárez Licona destacó que siete de cada diez fraudes financieros se cometen en línea, y en el primer semestre de 2025 se registraron más de 3.82 millones de reclamaciones por posibles fraudes financieros, con pérdidas económicas por 16 mil 678 millones de pesos. La situación es particularmente grave para las personas mayores, quienes representan apenas el 12.8% de la población nacional pero constituyen el 32.2% de las quejas por fraude bancario, lo que implica una tasa de victimización 2.5 veces mayor a su peso demográfico.
La rápida incorporación de los adultos mayores al entorno digital sin una adecuada alfabetización financiera y de ciberseguridad los convierte en blancos frecuentes de modalidades como phishing, smishing, vishing, fraudes con inteligencia artificial y suplantación de identidad. El impacto económico y emocional de perder los ahorros de una vida puede ser irreversible para ellos.
La reforma propuesta busca agregar el artículo 386 Bis al Código Penal Federal para incrementar las penas del delito de fraude en una tercera parte, tanto en su mínimo como en su máximo, cuando se utilicen medios electrónicos, informáticos o digitales y la víctima sea una persona adulta mayor, de acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Actualmente, el Código Penal Federal no contempla un agravante por edad de la víctima en delitos patrimoniales, a pesar de que ya existen precedentes legislativos de protección reforzada para grupos vulnerables.
Etiquetas: Emilio Suárez Licona, PRI, fraude digital, adultos mayores, reforma, Código Penal Federal, CONDUSEF, ENVIPE
About the Author
