El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Donald Trump, ha lanzado un nuevo intento para limitar la ciudadanía por nacimiento, a través de la emisión de órdenes ejecutivas que buscan imponer restricciones a quienes tienen hijos en el país. Esta medida sigue a un fallo de la Corte Suprema en junio que anuló un intento similar de restringir la ciudadanía por nacimiento. Trump indicó que se realizaron ajustes en las órdenes ejecutivas basados en la decisión judicial.
La 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza la ciudadanía a cualquier persona que nazca en el país, con algunas excepciones. Las nuevas restricciones se centran en limitar la ciudadanía automática a categorías específicas de personas, como los hijos de adultos con vínculos con embajadas u organizaciones extranjeras, así como aquellos considerados 'enemigos extranjeros' de Estados Unidos.

La ley de inmigración ya establece que los bebés nacidos de diplomáticos extranjeros no tienen derecho a la ciudadanía por nacimiento. Las órdenes de Trump ampliarían estas exenciones. Se descalifican los bebés producto del 'turismo de parto' y los hijos de aquellos que trabajen en embajadas extranjeras o representen a gobiernos extranjeros, incluyendo a empleados de Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales.

También se excluyen los hijos de padres vinculados a grupos considerados organizaciones terroristas, como Antifa o el Tren de Aragua. César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de derecho, cuestiona cómo el gobierno federal decidirá si un niño ha nacido de un miembro de una organización terrorista, ya que estas no comparten listas de miembros.

La ciudadanía a través de la gestación subrogada se ha convertido en una preocupación para legisladores republicanos, quienes buscan establecer directrices para este tipo de situaciones. A pesar de la derrota en el máximo tribunal, el nuevo intento de Trump refleja el esfuerzo del gobierno para limitar quién puede convertirse en estadounidense. Se espera que algunas de las restricciones anunciadas por la Casa Blanca enfrenten impugnaciones jurídicas.
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