Imagen generada con IA Comparte LEER NOTA Julieta del Río/ Proceso En los últimos días se presentó un decreto que, según el discurso oficial, inaugura una nueva etapa de transparencia y máxima publicidad en México. Se habló de apertura, innovación y de un gobierno más cercano a la ciudadanía. Sin embargo, cuando se revisa con detenimiento tanto el decreto como el funcionamiento actual de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la pregunta obligada es otra: ¿realmente estamos avanzando o simplemente se está presentando como novedoso lo que ya existía?
La publicación de programas anuales de auditoría, la difusión de contratos públicos, la transparencia proactiva e incluso el principio de máxima publicidad no nacieron con este decreto. Todos forman parte del marco jurídico mexicano desde hace años. Cumplir la ley nunca debe presentarse como una concesión del gobierno; es la obligación mínima de cualquier autoridad. Durante más de dos décadas México construyó uno de los sistemas de transparencia más robustos de América Latina. Leyes, criterios, órganos garantes, plataformas tecnológicas y herramientas digitales permitieron que millones de personas ejercieran su derecho a saber.
Foto captura de pantalla La mejor prueba de ello es la propia Plataforma Nacional de Transparencia. Hasta marzo de 2025 concentraba: · Más de 10. 3 millones de solicitudes de información. · Cerca de 433 mil recursos de revisión. · Más de 15 mil millones de registros de obligaciones de transparencia. · Y 34. 5 millones de consultas realizadas por ciudadanos en sus distintos buscadores. Estas cifras desmienten cualquier idea de que se trataba de una plataforma inservible. Al contrario: evidencian que era una herramienta ampliamente utilizada por periodistas, investigadores, estudiantes, organizaciones civiles y millones de ciudadanos para ejercer un derecho constitucional.
Toda plataforma tecnológica puede mejorar. De hecho, debe hacerlo constantemente. Pero mejorar no significa complicar. Uno de los principios fundamentales del gobierno digital consiste en reducir obstáculos entre las personas y los servicios públicos. La tecnología debe simplificar derechos, no volverlos más difíciles de ejercer. Después de revisar el funcionamiento actual de la PNT resulta evidente que existen áreas de oportunidad importantes. Antes, la información podía localizarse mediante categorías e íconos intuitivos que permitían explorar los contenidos aun cuando el usuario desconociera la estructura del gobierno.
Hoy predominan filtros y cuadros de selección que obligan a saber previamente qué institución, clasificación o tipo de información se busca. La navegación dejó de ser intuitiva para convertirse en un proceso mucho más técnico. A ello se suma la desaparición de herramientas que durante años acercaron la transparencia a la vida cotidiana de las personas. La Plataforma Nacional de Transparencia contaba con una aplicación móvil para Android y iOS que permitía consultar obligaciones de transparencia, presentar solicitudes de información, dar seguimiento a los procedimientos e incluso recibir notificaciones desde un teléfono celular. Hoy esa aplicación ya no existe.
En un país donde millones de personas acceden a internet principalmente a través de dispositivos móviles, eliminar este canal de acceso representa un retroceso en materia de accesibilidad digital y limita una forma práctica de ejercer el derecho a saber. También desapareció el chat de orientación, un mecanismo que permitía resolver dudas de manera inmediata y acompañaba a quienes utilizaban por primera vez la plataforma. No sustituía el derecho de acceso a la información, pero sí facilitaba su ejercicio al brindar asistencia rápida y reducir las barreras para cualquier ciudadano, sin importar su experiencia o conocimientos técnicos.
Algo similar ocurre con la presentación de solicitudes de información. Localizar a un sujeto obligado requiere ahora más pasos y un mayor conocimiento de la organización gubernamental, una barrera innecesaria para quienes utilizan la plataforma por primera vez. Otro cambio que merece atención es la desaparición del acceso a INTEGRA2, una herramienta incorporada a la Plataforma Nacional de Transparencia con el apoyo del organismo garante de Sinaloa para fortalecer la accesibilidad de personas con discapacidad mediante tecnologías de asistencia, incluidos teclados Braille.
Su incorporación representó un paso importante hacia una plataforma más incluyente, al reconocer que el ejercicio del derecho de acceso a la información debía estar al alcance de todas las personas. Su ausencia significa perder una herramienta que ampliaba la inclusión y eliminaba barreras para ejercer un derecho constitucional. Puede parecer un simple cambio de diseño, pero no lo es. La accesibilidad y la usabilidad también forman parte del derecho de acceso a la información.
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