DATO DURO

Al menos 68 millones de pesos de créditos para vivienda tramitados por 84 trabajadores ante el Fondo de la Vivienda del ISSSTE terminaron en seis empresas ajenas a sus operaciones de compraventa, según documentos obtenidos por los afectados. Dos de estas empresas no aparecen en registros gubernamentales, mientras que otras son inmobiliarias que niegan haber recibido los depósitos.

Los trabajadores denunciaron que el organismo transfirió sus Los afectados obtuvieron documentos CLC (Cuenta por Liquidar Certificada) que registran los pagos y muestran nombres de empresas beneficiarias que ellos no autorizaron.

Entre las empresas señaladas figura Desarrollos y Construcciones del Centro S. de A. de C. V., conocida comercialmente como Grupo San Cristóbal, con sede en Aguascalientes. La desarrolladora aseguró que los depósitos que recibió corresponden únicamente a

CONTEXTO

Constructora Altos Bajío S.A. de C.V. también aparece como beneficiaria, aunque declaró que dejó de operar Los trabajadores, sin embargo, mantienen que sus CLC muestran transferencias a esta empresa sin su consentimiento.

Contexto político

El caso involucra a Soluciones Emprendedoras del Norte S.A. de C.V. (Sensa), una Sofome que actúa como intermediaria obligatoria entre los derechohabientes y el fondo. El organismo demandó penalmente a esta empresa el 9 de diciembre, tras reconocer irregularidades internas, pero los trabajadores no han visto solución a su situación.

Pese a que ya reciben descuentos vía nómina, los 84 afectados no cuentan con vivienda. El proceso establece que la intermediaria envía los datos para transferencia y el fondo exige documentos notariales de compraventa antes de pagar, lo que lleva a las víctimas a responsabilizar directamente al organismo por la dispersión irregular.

CONCLUSIÓN

Hasta el momento, el fondo no ha informado a los trabajadores ni de manera pública el paradero de los recursos ni el mecanismo para recuperarlos. En sus registros internos constan datos completos de las operaciones: clave de CLC, número de folio, fechas de alta, pago, autorización y envío, así como montos específicos.

La investigación periodística solicitó entrevista con funcionarios del organismo desde el día siguiente a la denuncia pública, sin obtener respuesta al cierre de la información.

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