España Publicado: 25/07/2026 · 04:45 CEST Aida Calvo y Loreto Gutiérrez supervisan la estrategia contra el crimen Fernando García-Romanillos | Sigue Vozpópuli en Google | 0 En la Presidencia del Gobierno hay un Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave que debe reunirse cada dos meses para comprobar el cumplimiento de la Estrategia Nacional en esas áreas de alto riesgo, pero en los últimos doce meses solo lo ha hecho una vez, el 29 de abril de este año.
Ha de verificar, entre otras cosas, las respuestas a una corrupción que genera “deterioro institucional” y repercute negativamente en “la seguridad nacional” , siendo éste un supuesto contemplado por la Constitución (art. 102) para incriminar al presidente del Gobierno. Como el contenido de la reunión de ese Comité es secreto, se desconoce si sus quince miembros abordaron en abril los daños ocasionados por los casos de corrupción que sacuden España.
Dado que el comité encargado del seguimiento de la Estrategia Nacional contra el Crimen y la Delincuencia transgrede su calendario de reuniones, los representantes ministeriales y del CNI que lo integran se libran de debatir y decidir sobre si los sucesos de tramas y cloacas que rodean al sanchismo, en algunos de los cuales los jueces contemplan conductas propias de crimen organizado , deben ser afrontados según quedó establecido hace un año en el BOE con carácter general para todas las corrupciones.
Fundamentalmente se ponen de perfil ante dicha situación la presidenta del Comité Especializado, la sanchista Aida Calvo , secretaria de Estado de Seguridad y antes secretaria de Estado de Igualdad y directora de la AECID, y la vicepresidenta del Comité y directora del Departamento de Seguridad Nacional, la general del Aire Loreto Gutiérrez .

Te puede interesar Zapatero no logra rebatir ni una sola prueba contra él y se limita a victimizarse frente al juez y la UDEF El PP ve en el expediente del rescate de Plus Ultra y la trama de hidrocarburos la "bala de plata" contra el sanchismo Cuando el 14 de julio de 2025 fue aprobada la nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, los escándalos que rodean al Gobierno, al entorno de Pedro Sánchez y al PSOE llevaban más de un año en el candelero.
De ahí la singularidad de que en el epígrafe dedicado a la corrupción el documento de la citada Estrategia avise de que “tiene un impacto muy negativo en la seguridad nacional , al crear un entorno propicio para el crimen organizado”, añadiendo que “este fenómeno debilita los pilares fundamentales del buen gobierno , generando una desconfianza y deterioro institucional que afecta negativamente a toda la sociedad”.
Resulta paradójico que Aina Calvo, brazo ejecutor de Marlaska en las aguas turbias del Ministerio del Interior, tenga que abordar en el Comité contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave las consecuencias nocivas para la seguridad nacional de los presuntos delitos de la directora general de la Guardia Civil , Mercedes González , y del Director Adjunto Operativo, teniente general Llamas , ambos imputados en la Audiencia Nacional por intromisión e intento de coacción en las diligencias practicadas por la UCO en cumplimiento de mandato judicial.
En el caso de la número dos del organismo que ha de velar por la ejecución de la Estrategia Nacional contra el Crimen y la Delincuencia, la general Gutiérrez Hurtado, con dependencia directa del ministro Félix Bolaños , es testigo de cómo se reciben en la Moncloa los sucesivos golpes de casos como los de Ábalos, Santos Cerdán, Begoña Gómez, Zapatero, David Sánchez, la SEPI, la financiación del PSOE, etc. y también conoce las respuestas gubernamentales a los mismos, bien recurriendo al ‘lawfare’, desmintiendo evidencias o descalificando a los medios informativos.

En las veinte líneas que dedica a la corrupción el plan estratégico nacional contra el crimen organizado, que lleva la rúbrica de Pedro Sánchez , aparece una mención explícita a otro fenómeno de plena actualidad como son las maniobras de grupos criminales para anular o desprestigiar a quienes desde los juzgados o los cuerpos de seguridad persiguen las actividades corruptas Y lo hace en estos términos “uso de procedimientos legalmente establecidos con la finalidad de perturbar el adecuado funcionamiento de la acción de la justicia”.
El documento estratégico del Gobierno, con escaso seguimiento hasta la fecha, no se refiere específicamente a la corrupción política sino a todas sus manifestaciones, siendo las más notorias las que afectan a los poderes públicos. No en vano, por el alcance que tienen en estos momentos las actividades corruptas en el poder político, hasta ese estudio diseñado desde el Departamento de Seguridad Nacional reconoce que la corrupción , incluida la transnacional, es la segunda amenaza más grave de la delincuencia en España , después del tráfico de drogas.
Otra coincidencia, a la vez que divergencia, de la Estrategia Nacional con las políticas del Gobierno tiene que ver con la relación entre redes de delincuencia e inmigración irregular .
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