La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México abrió una mesa de diálogo con el Movimiento Ciudadano (MC), tras una denuncia por el presunto desvío de tres mil 360 millones de pesos destinados a infraestructura hídrica. El encuentro se realizó cuatro días después de la denuncia ante la Contraloría General de la Ciudad de México.
Durante la reunión, el titular de Segiagua, Mario Esparza, presentó información técnica y operativa sobre las obras hidráulicas y los mecanismos de transparencia y seguimiento de los proyectos. La cita se produjo después de un intercambio público entre el Gobierno capitalino y MC, en el que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se comprometió a invertir 3 mil 360 millones de pesos y realizar 318 obras en infraestructura hidráulica.
Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Nacional de MC, respondió con un video a la postura del Gobierno, rechazando la existencia de un desvío de recursos y recordando las promesas de Brugada sobre la preparación de la ciudad para enfrentar la temporada de lluvias.
En el diálogo, Esparza explicó los mecanismos de transparencia y seguimiento que respaldan cada proyecto, según Segiagua, con información pública, verificable y disponible para consulta. Chertorivski reconoció la apertura al diálogo y manifestó que responderán en el mismo sentido de colaboración.

Sin embargo, no se informó si se entregó el desglose del ejercicio de los tres mil 360 millones de pesos, el avance físico y financiero de las 318 obras anunciadas por el Gobierno capitalino, o si se alcanzaron acuerdos específicos. La denuncia de MC se basa en la pregunta de dónde se encuentran los recursos prometidos y las obras correspondientes.
La ciudad de México enfrenta inundaciones recurrentes, afectando a hogares y negocios, y provocando el colapso del transporte y las vías públicas. La denuncia de MC busca esclarecer el paradero de los recursos y la efectividad de las obras anunciadas para mitigar estos problemas.
El diálogo entre Segiagua y MC representa un paso hacia la rendición de cuentas y la fiscalización cívica en el manejo de los recursos públicos destinados a infraestructura hidráulica en la capital del país.
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