El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) ha archivado la denuncia presentada por el síndico de Puente Nacional, Francisco Palmeros Báez, quien acusaba al Ayuntamiento de impedirle el acceso a información financiera.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos del ORFIS informó que no encontró elementos para continuar con el procedimiento y concluyó el expediente. La resolución fue comunicada mediante un oficio emitido el 23 de junio de 2026, en el que se indicó que el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento había realizado las actuaciones correspondientes.
Se precisó que cualquier responsabilidad administrativa deberá ser atendida por la Contraloría Municipal, de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio Libre. Palmeros Báez ha acusado reiteradamente a la alcaldesa Bibiana Sánchez Báez de obstaculizar el ejercicio de sus funciones.

Este miércoles, Palmeros Báez difundió un video en redes sociales asegurando que se le negó el acceso a los estados financieros del Ayuntamiento y que pretendían que los aprobara sin revisarlos.
Las autoridades municipales rechazaron esa versión y señalaron que desde el 15 de julio el síndico fue notificado formalmente de que la documentación estaba a su disposición para ser revisada.

Durante una sesión de Cabildo, se requerieron dos notarios públicos para constatar que la información financiera estaba disponible para su consulta y que el edil tenía acceso a los expedientes.
El Ayuntamiento sostiene que, a pesar de contar con la posibilidad de revisar los estados financieros, el síndico decidió no hacerlo y posteriormente difundió el video acusando una presunta falta de transparencia.
Las diferencias entre Palmeros Báez y la alcaldesa son conocidas desde el inicio de la administración, manteniendo confrontaciones públicas por decisiones internas del gobierno municipal.

Fuentes del Ayuntamiento señalaron que el conflicto comenzó tras no prosperar propuestas del síndico para incorporar personas cercanas a él dentro de la estructura administrativa, lo que derivó en una ruptura política al interior del Cabildo.
A pesar de que el ORFIS ya archivó la queja por presunta obstaculización, el síndico ha continuado con los señalamientos públicos contra la administración municipal, mientras el Ayuntamiento sostiene que la documentación financiera permanece disponible para consulta conforme a la ley.
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