La legisladora exigió que la Fiscalía General de la República investigue a fondo el caso, finque responsabilidades sin distinción de cargos o partidos políticos y recupere los recursos desviados. “El pueblo de México está cansado de los pretextos; quien haya cometido un delito debe responder ante la justicia”.
Precisó que la Procuraduría Fiscal de la Federación estimó un daño patrimonial de 600 mil millones de pesos, mientras que investigaciones periodísticas elevaron la cifra a 700 mil millones de pesos.
Señaló que las autoridades ignoraron diversas alertas y cuestionó que, pese a la magnitud del fraude, no existan investigaciones contra todos los presuntos responsables. La legisladora sostuvo que una operación de esa dimensión no pudo realizarse sin la participación o el conocimiento de distintas dependencias federales.
Afirmó que el huachicol fiscal fortaleció redes de delincuencia organizada, financió campañas políticas y privó al Estado de recursos esenciales para la atención de las necesidades de la población. Viggiano Austria también denunció que varias personas relacionadas con este caso perdieron la vida en circunstancias que, dijo, permanecen sin esclarecer.
Además, consideró que las investigaciones han sido selectivas por concentrarse en actores políticos de oposición, mientras diversos funcionarios señalados en investigaciones públicas permanecen sin comparecer ante la autoridad competente.
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