La ciberseguridad enfrenta una nueva amenaza con la evolución de los 'cárteles' en servicios cibercriminales. DragonForce, una banda de ransomware, se está transformando en una plataforma que permite a grupos cibercriminales lanzar ataques bajo sus propias marcas. Esta transformación impulsa una nueva etapa en el cibercrimen organizado.
A nivel regional, DragonForce ha registrado ataques en varios paÃses de Latinoamérica, incluyendo Brasil, Argentina, Colombia, México, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. ESET, una compañÃa lÃder en detección proactiva de amenazas, analiza cómo DragonForce se ha convertido en una plataforma criminal para múltiples grupos afiliados, potenciando el ecosistema del cibercrimen.
David González, Investigador de

DragonForce ofrece toda la infraestructura para que otros grupos cibercriminales operen bajo su plataforma, incluyendo paneles de administración, sitios de filtración, sistemas de negociación y herramientas para administrar vÃctimas, además de soporte técnico para afiliados.
El grupo apareció en la escena del cibercrimen durante la segunda mitad de 2023 y hasta el momento acumula casi 600 vÃctimas en más de 60 paÃses. Estados Unidos es su principal objetivo de ataque, con casi 300 incidentes registrados, seguido por Canadá, Australia y el Reino Unido.

Para 2025, tras las operaciones de desmantelamiento de LockBit y otros grupos de ransomware, DragonForce elevó su perfil con una estrategia agresiva para reclutar afiliados, ofreciendo no solo el malware y la infraestructura necesarios para lanzar ataques, sino también mejores porcentajes de ganancia y mayores niveles de anonimato.
En 2025, DragonForce comenzó a autodefinirse como un cártel, ofreciendo un paquete más completo que incluye toda una infraestructura para que los grupos puedan operar bajo su plataforma. Entre los servicios que ofrece se destacan el análisis de datos para extorsión y la entrega de un 'kit de extorsión' con listas de contactos telefónicos para presionar a directivos y detalles sobre el posible impacto regulatorio que podrÃa sufrir la empresa si no paga.
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