Autores: Verónica Espinosa Villegas Enterrar la verdad sobre fosas clandestinas, la práctica de las fiscalías Derechos humanos Opinión Con el arribo de Gerardo Vázquez a la Fiscalía de Guanajuato, la institución dio pasos atrás en la transparencia de los hallazgos en sitios de inhumación ilegal, en perjuicio del acceso a la justicia y la verdad por la desaparición de personas Fecha de publicación: 20 de julio de 2026, 20:49 Cargando interacciones…
Casi siete años han pasado desde que en Guanajuato se reveló en toda su crudeza la desaparición de personas y la existencia de fosas masivas como delitos que, a diferencia de lo que nos decían las autoridades, alcanzaban dimensiones espeluznantes. Y esto no ha menguado: en los primeros meses del actual 2026, la entidad se mantiene entre las cinco del país con más fosas localizadas, de acuerdo con registros como el de la organización Causa en Común.
Siempre por la afanosa, desesperada y peligrosa labor de los familiares que buscan a sus desaparecidos, se ha podido saber pública y abiertamente, pero de manera parcial, nunca total, lo que gobiernos de todos los niveles mantenían escondido de la información pública, de las páginas oficiales, de los informes y los discursos: aquí no solo hay fosas donde se han sepultado de manera clandestina, sino que las hay también de dimensiones espeluznantes, con decenas de personas.
A la denuncia pública de las familias, la labor de buscadoras y buscadores, se fue sumando la información de investigaciones periodísticas, así como de organizaciones defensoras de derechos humanos, de la academia e investigación social, para ir dibujando un mapa que permite poner algunas luces en medio de la oscuridad del túnel macrocriminal que ha pretendido ocultar a miles de víctimas de delitos como la desaparición y el homicidio doloso mediante la inhumación ilegal.
Estas tareas también significaron obligar a autoridades como la Fiscalía General de Justicia del Estado a reconocer esta realidad negada durante tantos años, todos los años de Carlos Zamarripa Aguirre al frente de la institución (primero como procurador y luego como fiscal), para posteriormente avanzar, en armonización con las leyes y mecanismos federales, con la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas. Se trató, nada menos, que de que el Estado asumiera su obligación de garantizar los derechos a la justicia, la verdad, la no repetición y la reparación del daño a miles de personas y familias.
Otro de los derechos a garantizar por el Estado es el de la información, el derecho a saber, por lo que una de las obligaciones de los gobiernos es la transparencia y el acceso a la información sobre los hallazgos de y en estas fosas clandestinas, mismas que han ido adquiriendo nuevas formas y contextos. Por supuesto, sabemos que, como en otros ámbitos de la vida pública del país, estos derechos no han sido plenamente garantizados: el ocultamiento de información es una constante en la desaparición de personas y la crisis forense, la máxima divulgación no se cumple y la verdad no se conoce.
Las autoridades, en particular las fiscalías, como responsables de investigar y de cumplir con la procuración de justicia, han sido renuentes, omisas y negligentes no solo en la atención e indagatoria de los miles de casos, sino también en la publicación de la información relativa a éstos, en la creación de los bancos de datos, en precisar la existencia de cuerpos sin identificar en centros forenses o panteones, en divulgar los avances de la identificación forense, en la difusión de estadísticas, lo que han hecho con tardanza, a cuentagotas y de manera parcial.
Apenas a principios de junio, el propio secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, hizo declaraciones en las que reconoció que Guanajuato es uno de los estados con más pozos de agua habilitados como fosas ilegales en distintos municipios, como Juventino Rosas y Villagrán, y que en los primeros meses del año ya habían sido clausurados 14 pozos después de que se detectó que eran utilizados por criminales para consumar la desaparición de personas.
Por todo ello, que a estas alturas de la crisis que para México representa la desaparición de personas, fiscalías como la de Guanajuato opten por dar marcha atrás en la difusión de datos sobre las fosas clandestinas y den un viraje hacia la opacidad, es un signo alarmante y motivo de revisión por diversas organizaciones civiles, de la opinión pública y la sociedad.
A principios de julio, las organizaciones Artículo 19, defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, Data Cívica, organización feminista que defiende derechos humanos mediante la información y la tecnología, y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, presentaron el informe “Enterrar la verdad. Opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México”.
Etiquetas: Gerardo Vázquez, Fiscalía de Guanajuato, Desaparición de personas, Fosas clandestinas, Transparencia, Health Tech · Biotech, longevidad y bioética, Health Tech · Biotech, longevidad y bioética
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