El juez de control David Adrián Martínez Santiago decidió no vincular a proceso al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, y a dos colaboradoras por un presunto peculado de 5 millones 923 mil 880. 29 pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) había acusado que los recursos federales destinados a gastos operativos y pago a personal docente fueron depositados en una casa de bolsa, un uso distinto a su objetivo. En una audiencia del 14 de julio, el juez consideró que no se probó el peculado con argumentos jurídicos o técnicos suficientes.
Aunque reconoció la ruta del recurso, desde una cuenta bancaria de la UAEH hasta Actinver Casa de Bolsa, no vio un mal uso de estos fondos o un posible beneficio a privados.
La UAEH recibió el dinero de la Secretaría de Educación Pública en 2018 y la investigación comenzó con una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.
El ente federal detectó el uso para un fin distinto del dinero enviado a la casa de estudios y, tras el plazo para justificar observaciones, dio parte al Ministerio Público de la Federación, quien continuó con la integración de la carpeta. La FGR confirmó que al menos 5 millones 923 mil 880.

29 pesos pasaron de la Tesorería de la Federación al gobierno de Hidalgo, de esta instancia a la universidad y del órgano autónomo a Actinver Casa de Bolsa para un fondo de inversión no considerado en los objetivos por los cuales la la corporación recibió los recursos federales.
El juez validó el argumento de que los propios trabajadores de la universidad autorizaron, de manera voluntaria, descuentos para integrar el fondo del Plan de Beneficios Sociales Múltiples.
Entonces, aseguró, el subsidio operó similarmente a retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con la la institución como administradora de un recurso que ya era de sus empleados, enviándolos en la ruta descrita hacia Activer, pero con la aprobación de sus colaboradores. Aunque el juez no vio el elemento esencial del delito, es decir, que los 5.
9 millones hubieran sido destinados a un fin distinto al autorizado por la ley, explicó que esto no implica el sobreseimiento del caso, por lo que la FGR podrá seguir con sus investigaciones y, de acreditar un uso distinto de los recursos, podrían seguir las acciones legales correspondientes.
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