La crisis de desapariciones en la Ciudad de México se hace más palpable con el registro de 5,892 personas no localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Este dato ha motivado al Gobierno de la capital mexicana a programar la presentación de un informe que abordará la magnitud del problema y las acciones realizadas por las instituciones encargadas de investigar y buscar a las víctimas. Clara Brugada, jefa de Gobierno, ha adelantado que el reporte se conocerá en agosto de 2026.
La cifra del RNPDNO es susceptible a cambios a medida que se incorporen nuevos reportes o se localicen personas. El anuncio fue realizado durante la conferencia mensual de

El memorial en honor a las víctimas de desaparición fue retirado poco después de su instalación. Ana Amelí fue vista por última vez en los alrededores del Pico del Águila, en la zona del Ajusco, alcaldía Tlalpan, donde acudió para senderismo. A un año de su desaparición, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación y trabaja con diferentes hipótesis.
Brugada informó que se reunió con Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, junto con la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas capitalina, Luis Gómez Negrete, y personal de investigación. La jefa de Gobierno aseguró que las autoridades retomaron los planteamientos de la familia y que el Gobierno capitalino continuará dando seguimiento al caso.

El comisionado Luis Gómez Negrete reveló que desde la desaparición de Ana Amelí se han llevado a cabo más de 440 acciones de búsqueda e investigación y más de 70 entrevistas ministeriales. Estas entrevistas abarcan a personas que estuvieron en la zona del Ajusco el día de la desaparición, así como a miembros del entorno familiar y cercano de la joven, con el fin de explorar las diversas hipótesis.
En el primer año se llevaron a cabo 30 megaoperativos de búsqueda, con la participación de más de seis mil funcionarios. En los primeros 20 días participaron mil 268 servidores públicos y posteriormente se estableció un campamento para coordinar las acciones de búsqueda.
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