La organización Morelos Rinde Cuentas ha presentado acusaciones contra la administración de Cuauhtémoc Blanco, alegando un presunto esquema de redistribución irregular de recursos a medios de comunicación a través del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (Fifopedi) de Morelos.
La información obtenida mediante solicitudes de transparencia revela el funcionamiento de este supuesto sistema de asignación de fondos públicos a medios de comunicación.
A lo largo de los años, el gobernador Cuauhtémoc Blanco ha destinado sumas significativas para comunicación social, superando considerablemente las asignaciones aprobadas por el Congreso de Morelos. Entre 2019 y 2022, se presupuestaron 424 millones de pesos, pero la administración estatal gastó una cifra notable de 713 millones de pesos, un 125% más de lo aprobado.
En 2023, el Congreso local tomó medidas para limitar el presupuesto destinado a la comunicación social, asignando únicamente 50 millones de pesos para este propósito. Esto generó una crisis en el gobierno estatal, incapaz de mantener los mismos niveles de pago a los medios de comunicación.
Como resultado, en el presente año, varias empresas que solían recibir contratos de difusión y publicidad del gobierno de Morelos comenzaron a recibir fondos del Fifopedi. Entre estas empresas se encuentran Editoriales de Morelos, que entre 2019 y 2022 recibió 56 millones de pesos del área de comunicación social, y Editores de Publicaciones de los Estados.
Según el director de Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas Ramírez, en 2023 el fideicomiso aprobó la entrega de 8 millones 200 mil pesos a la empresa Publimor para el desarrollo y ejecución de la estrategia de difusión en medios digitales y tradicionales de la campaña de negocios Morelos. Publimor, a su vez, contrató a Editoriales de Morelos y Editores y Publicaciones en los Estados para cumplir con esta tarea, empresas que comparten accionistas.
Salinas Ramírez sostiene que estas empresas, junto con Publimor, son propiedad de los mismos empresarios, según el Registro Público de Comercio, y están recibiendo apoyo económico bajo la apariencia de promover a microempresas, cuando en realidad se les está pagando por difusión con recursos del fideicomiso. En otras palabras, estarían disfrazando el gasto en comunicación social como apoyo a la inversión.
Además, Morelos Rinde Cuentas identificó que tres empresas pertenecientes a la familia de Juan Diego Pons, director general del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp), fuente de los recursos destinados al Fifopedi, también se beneficiaron de estos fondos. Inmobiliaria Matoja, Ingeniería en Alimentos y El Dulce Sabor de la Vida, propiedad de familiares de Pons, recibieron apoyos por más de 400 mil pesos del Fifopedi, siendo Pons parte del comité que evalúa y aprueba a los beneficiarios.