La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) han condenado el asesinato de la periodista mexicana Roxana Guzmán Ramírez y han exigido una investigación exhaustiva. Junto con el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), piden a las autoridades federales y estatales que utilicen todos los recursos necesarios para encontrar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.
El 2 de junio de 2026, Roxana Guzmán Ramírez fue secuestrada en su casa en Nanchital, Veracruz, por un grupo armado. Su paradero permaneció desconocido hasta que el 3 de julio se confirmó su asesinato en Moloacán, donde sus restos fueron encontrados calcinados. Guzmán Ramírez era directora del diario Pulso Informativo del Sureste y había sufrido violencia en el pasado, incluyendo el asesinato de su esposo en 2017.

La FIP y la FEPALC, junto con el SNRP, repudiaron el crimen y exigieron una investigación independiente y transparente. La detención de cuatro policías de Ixhuatlán del Sureste, acusados de proporcionar apoyo logístico al grupo criminal responsable, sugiere una complicidad entre funcionarios públicos y criminales, lo que podría implicar un crimen de Estado.

El ataque contra Guzmán Ramírez se produce en un de impunidad en México, donde ataques, amenazas y desapariciones forzadas buscan silenciar a la prensa y censurar investigaciones que revelan lazos entre organizaciones criminales y el poder político. Santiago Ortíz, presidente de la FEPALC, exigió al gobierno mexicano que tome medidas inmediatas y expresó su solidaridad con la familia de la periodista y con los periodistas mexicanos.

México es considerado el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en América Latina, lo que ha llevado a la FIP y la la corporación a reclamar la activación de protocolos para proteger a los periodistas frente a la violencia de grupos criminales y del poder. La defensa de la libertad de expresión es vista como un pilar fundamental de la democracia.
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