La guerra contra las drogas en México enfrenta nuevos desafíos. La producción mundial de cocaína se cuadruplicó en una década, superando las 4.000 toneladas, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la ONUDD. Las redes mexicanas de tráfico de metanfetamina se han expandido más allá del mercado estadounidense, montando laboratorios clandestinos en África y Europa y participando en cadenas de suministro en Asia y Oceanía. Esto revela que el decomiso de drogas no necesariamente indica avance contra el narcotráfico, sino que puede indicar que circula más droga que nunca.

Funcionarios mexicanos, incluidos algunos vinculados al partido Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han ofrecido como informantes a la DEA, según una investigación de The New York Times. Este fenómeno ocurre tras acusaciones contra funcionarios de Sinaloa por proteger a la facción de los Chapitos del Cartel de Sinaloa. La presidenta Sheinbaum ha calificado estas acusaciones como 'injerencia extranjera', pero las revelaciones sugieren discrepancias dentro de su partido.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó recientemente a dos empresarios mexicanos y nueve empresas por operar una red de robo de combustible que beneficiaba al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El robo de combustible, conocido como 'huachicol', se ha convertido en una fuente millonaria de ingresos para organizaciones criminales en México. Investigaciones de InSight Crime demuestran cómo este negocio alimenta la violencia. Una estimación de PetroIntelligence calcula que este mercado ilícito cuesta al Estado mexicano unos US$24 millones diarios en ingresos fiscales perdidos.

Estas tres historias señalan una tendencia: las redes criminales mexicanas están diversificando sus operaciones y expandiéndose a un ritmo que supera la capacidad de respuesta de las estrategias tradicionales de lucha contra el crimen organizado.
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