La periodista mexicana Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de Pulso Informativo del Sureste, fue privada de su libertad por un grupo armado en Nanchital, Veracruz, quienes se hicieron pasar por policías.
Este acto no solo representa un ataque a una periodista sino también a la libertad de expresión y a la sociedad informada, fundamentales en cualquier democracia. La impunidad de los responsables de su secuestro y asesinato empeora la situación de violencia contra la libertad de expresión en México.

Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional han denunciado la violencia contra defensores de derechos humanos en el país. En 2026, la ONU-DH ha documentado el asesinato de cinco personas defensoras, tres de ellas en Guanajuato.
Se exige un entorno seguro para que las personas defensoras de derechos humanos realicen su labor libremente y con protección.

La investigación de Guzmán Ramírez fue de interés para la Fiscalía General de la República, y seis personas, incluyendo cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, fueron detenidas por su presunta participación en el secuestro.
José Del Carmen Cadena Escayola, alias 'Delta 7', fue detenido por la Marina en Coatzacoalcos por su presunta implicación en el secuestro de Guzmán Ramírez. Se ha especulado que Guzmán Ramírez investigaba la corrupción de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aunque no ha sido confirmado oficialmente.

Nahle ha sido descrita como una figura soberbia e intolerante a la crítica. México enfrenta una de las etapas más oscuras de su historia contemporánea, con violencia criminal, impunidad y corrupción erosionando los cimientos del Estado de derecho.
La desaparición de Guzmán Ramírez y la presunta participación de policías municipales en el delito investigado por la autoridad, representan un golpe demoledor para la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar la.
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