DATO DURO
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutó la "Operación Restitución" y logró la detención de 23 personas vinculadas con cinco organizaciones dedicadas al despojo y extorsión de inmuebles en 14
Los grupos identificados son "USON", "GOPEZ", "Unión 300", "22 de Octubre" y "Los Gastones". Según las autoridades, estas organizaciones operaban en el Valle de México y la zona oriente de la Ciudad de México, utilizando tácticas que combinaban intimidación armada con complicidad de servidores públicos para legalizar propiedades robadas.
El modus operandi, según la dependencia, involucraba a grupos violentos de choque que eran amparados por autoridades municipales en coordinación con funcionarios estatales. Los inmuebles —casas habitación, locales comerciales, naves industriales y predios— eran finalmente regularizados ante notarios que conocían el origen irregular de las operaciones.
CONTEXTO
Del 22 al 30 de mayo fueron ejecutadas órdenes de aprehensión contra 11 líderes de estas organizaciones. Entre ellos se encuentra el cabecilla de "Los Gastones". Las indagatorias permitieron establecer que los investigados ocupaban propiedades "de propia autoridad y sin tener derecho a ello", para luego exigir dinero a las víctimas a cambio de devolverles sus inmuebles.
El caso de "USON" —Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales— ilustra el patrón: sus integrantes se valían de presencia armada y superioridad numérica para intimidar a habitantes o poseedores, apropiándose violentamente de casas, locales comerciales e incluso inmuebles aparentemente abandonados. Sus operaciones se concentraban en Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Tecámac, Tlalnepantla y Zumpango.
CONCLUSIÓN
La detención de Gabriela "N" el 26 de mayo ejemplifica la violencia del esquema. El pasado 8 de octubre, aprovechando la ausencia de la víctima, ingresó con cómplices a una vivienda en la colonia Unidad Obrero CTM de Ecatepec. Cuando el propietario regresó, los agresores lo amagaron con armas y le advirtieron que no interpusiera denuncias porque "podían comprar a la ley". La víctima terminó entregando 30 mil pesos sin recuperar su propiedad.
La participación de notarios y funcionarios de registros públicos en la cadena delictiva plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión de la función registral y la vulnerabilidad del sistema de propiedad en la entidad. La operación, aunque presentada como exitosa por las autoridades, deja pendiente la evaluación de daños a víctimas y la profundidad de la red de complicidades en el aparato público.
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