Tras 31 años de la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, las familias de las víctimas y los sobrevivientes continúan sin acceso a la justicia. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha declarado el caso cerrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), que agrupa a las víctimas, denuncia un pacto de impunidad que protege a figuras como Ernesto Zedillo y Rubén Figueroa Alcocer. La violencia criminal en la región ha aumentado y el terror sigue imperando.
En 1974, Roberto Aguirre Bertín y Onésimo Uriostegui fueron detenidos y desaparecidos por militares en Tecpan, acusados de pertenecer a la guerrilla de Lucio Cabañas. Roberto tenía huertas y ganado, y su hijo Gilberto Aguirre Bahena tenía solo dos años en ese momento. La familia se trasladó a Tepetixtla, donde más tarde se fundó la OCSS, que exigía fertilizantes, servicios públicos y la presentación con vida de sus familiares desaparecidos.
El 28 de junio de 1995, 80 campesinos de la OCSS salieron de Tepetixtla hacia Atoyac de Álvarez para exigir la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, desaparecido un mes antes. En el trayecto, la policía motorizada atacó a los manifestantes, matando a 17 campesinos. Gilberto Aguirre Bahena, sobreviviente de la masacre, relata que su camión, el segundo, llegó a encontrar a varios compañeros ya asesinados o heridos.
La falta de justicia y la impunidad han condenado a las víctimas y sobrevivientes a vivir en condiciones de desplazamiento y abandono. La OCSS mantiene que la justicia no ha llegado y que la violencia criminal se ha intensificado en la región, con el terror continuado.
Etiquetas: Aguas Blancas, Guerrero, Masacre, Desplazamiento, Impunidad, Nota Roja
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