Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos ha otorgado permiso para que el gobierno de Donald Trump reanude la ejecución de deportaciones rápidas de migrantes indocumentados en todo el territorio del país, incluyendo áreas alejadas de la frontera. Este fallo, emitido por un panel dividido de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, revierte la decisión de un tribunal inferior que había bloqueado temporalmente el uso extendido de la expulsión acelerada. La decisión representa una victoria significativa para el gobierno republicano, que ve en la expulsión acelerada una herramienta clave para su política de deportaciones masivas.
La expulsión acelerada, que implica una deportación sin la posibilidad de comparecer ante un juez, se había aplicado previamente a migrantes que llegaban por mar o eran detenidos cerca de la frontera. En enero, Trump amplió su uso a migrantes indocumentados en todo Estados Unidos, lo que llevó a la inmediata captura y expulsión de individuos en cuestión de días.

Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), criticó la decisión, argumentando que el enfoque del gobierno de Trump someterá a las personas a un sistema injusto y propenso a errores, socavando el principio de que las personas deben recibir el debido proceso cuando el gobierno busca deportarlas.

El juez Justin R. Walker, parte del panel que emitió la decisión, indicó que los demandantes no demostraron que el uso extendido de la expulsión acelerada violaba los derechos de debido proceso, ya que los inmigrantes fueron notificados de los procedimientos de expulsión y se les dio la oportunidad de responder. Walker y la jueza Neomi Rao, ambos nombrados por Trump, anularon una orden de la jueza federal de distrito Jia Cobb, nombrada por Joe Biden, quien había dejado en pausa la política.

La decisión del tribunal de apelaciones ha generado preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes temen las consecuencias de un sistema que podría carecer de la debida diligencia y transparencia en el proceso de deportación.
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