La reciente orden ejecutiva de la Casa Blanca, 'Restoring Integrity to America’s Financial System', y la guía de FinCEN han abierto una nueva fricción en el proceso de remesas de Estados Unidos a México. Aunque no se trata de una prohibición directa, estas medidas impulsan a entidades financieras a realizar un escrutinio más detallado de las transferencias internacionales, especialmente en lo que respecta al estatus migratorio y el uso de ITIN.
El cumplimiento financiero en EU comienza a incorporar señales vinculadas al estatus migratorio, identidad del cliente, empleo irregular y transferencias transfronterizas de bajo monto. La orden ejecutiva, emitida el 19 de mayo, conecta servicios financieros básicos, debida diligencia y transferencias internacionales de bajo valor con riesgos de

FinCEN publicó una guía conjunta el 5 de junio, enfocándose en los riesgos financieros asociados con poblaciones sin autorización laboral en EU. Esto ha llevado a que bancos y transmisores de dinero realicen un seguimiento más cuidadoso de las remesas enviadas a México, afectando así a muchos migrantes que envían dinero a sus familias.
La intensificación de la fiscalización financiera no solo impacta en la facilidad de envío de fondos, sino que también puede generar un ambiente de inseguridad jurídica para aquellos que dependen de las remesas. La necesidad de una identificación más rigurosa y la verificación de la legalidad del empleo pueden dificultar el proceso para muchos mexicanos en EU.

Este cambio en la política financiera de Estados Unidos puede tener consecuencias significativas para la economía mexicana, ya que las remesas son una fuente importante de ingresos para muchas familias y comunidades. La reducción de estas transferencias podría afectar negativamente a la estabilid
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