DATO DURO
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito absolvió de manera definitiva a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido de la función pública en el caso conocido como La Estafa Maestra. La resolución, emitida el 5 de diciembre de 2023, puso fin a un proceso judicial que inició en 2019 y que mantuvo a la exfuncionaria en prisión durante tres años.
La Estafa Maestra fue un esquema de corrupción durante la administración de Enrique Peña Nieto mediante el cual once dependencias federales desviaron más de tres mil millones de pesos a través de convenios con universidades y empresas fantasma. Robles fue la única exsecretaria de Estado investigada por la Fiscalía General de la República en este caso.

Sin embargo, la acusación se limitó a omisiones administrativas: no haber detenido la firma de convenios entre dependencias y universidades durante su gestión al frente de Sedesol y Sedatu. La Fiscalía nunca le imputó delitos financieros ni investigó las empresas fantasma, sus cuentas bancarias o el destino final de los recursos desviados.
CONTEXTO
El tribunal, con ponencia del ministro Alberto Torres Villanueva aprobada por unanimidad, ratificó la sentencia del juez Roberto Omar Paredes Gorostieta. Consideró que el delito de ejercicio indebido ya no existía en el código penal tras reformas de 2015, y que las pruebas presentadas solo acreditaban faltas administrativas, no delitos.

Contexto político
La Auditoría Superior de la Federación había ofrecido las primeras pruebas del desvío al detectar triangulación de dinero entre empresas en algunas cuentas bancarias. Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción ampliaron la investigación y documentaron que once dependencias firmaron convenios por más de siete mil millones de pesos con universidades, las cuales subcontrataron a 148 empresas irregulares.
CONCLUSIÓN
Sedesol, por ejemplo, celebró convenios por dos mil 224 millones de pesos con las Universidades de Morelos y del Estado de México para servicios ajenos a su función académica: reparto de despensas, verificación de beneficiarios y compra de artículos promocionales. El dinero público desapareció sin que la Fiscalía determinara responsabilidades penales por los desvíos financieros.

Tampoco se iniciaron procesos contra otros exsecretarios de Estado involucrados. La resolución judicial deja pendientes las responsabilidades por la corrupción documentada y el paradero de los recursos públicos desviados.
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